El Consejo para la Transparencia ordenó entregar al diputado Tomás Lagomarsino los correos electrónicos entre Carlos Durán y Miguel Crispi, vinculados a las gestiones para reemplazar al exsubsecretario Manuel Monsalve. El parlamentario había solicitado estos antecedentes para verificar si se realizaron diligencias concretas tras el escándalo.
Sin embargo, la Presidencia recurrió a la Corte de Apelaciones, argumentando que divulgar esa información pondría en riesgo la seguridad nacional. A través del Consejo de Defensa del Estado, se calificó la orden del CPLT como “manifiestamente ilegal”, citando el artículo 21 de la Ley de Transparencia.
Desde el Congreso, Lagomarsino cuestionó la postura del Ejecutivo y acusó al oficialismo de actuar con doble estándar. “El Frente Amplio fue muy crítico en su momento y ahora hace lo mismo”, sostuvo, insistiendo en que solo pide correos enviados entre el 14 y el 18 de octubre de 2024.