Uno de los puntos más controvertidos del reajuste del sector público es la disposición que la oposición calificó como “norma de amarre”, incluida por el actual Gobierno y que limitaría futuros despidos de funcionarios estatales. La medida ha generado rechazo en sectores opositores, que acusan que busca asegurar la permanencia de funcionarios ligados a la administración saliente y comprometer a la próxima gestión.
La norma establece que la no renovación de contratas o su modificación solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado, basado en criterios objetivos y acreditables. Además, permite que funcionarios con al menos dos años continuos de servicio reclamen por eventuales vicios de legalidad ante la Contraloría, lo que, según sus críticos, dificultaría una eventual reestructuración del aparato público.
Consultado por esta polémica, el presidente electo José Antonio Kast respondió escuetamente al salir de una actividad pública en Santiago. “Ahora tenemos un solo amarre, que es con Chile”, afirmó, agregando luego: “Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”, marcando así su postura frente a la discusión instalada entre el Gobierno y la oposición.