Autoridades regionales reiteraron la prioridad que tiene el Gobierno en cuanto a la recuperación de terrenos fiscales, considerando la intervención inmediata en ocupaciones incipientes, descartando cualquier interpretación de inacción al respecto.
La Delegada presidencial regional, Karen Behrens Navarrete, recordó que desde el inicio del actual Gobierno en el año 2022 se abordó el proceso de desalojos, en segundas viviendas y otras ocupaciones irregulares pero se focalizó el trabajo a partir de los recursos acotados, abordando las ocupaciones incipientes como primera prioridad y luego los desalojos administrativos, lo que ha permitido llevar un control en cuanto a la instalación de nuevas tomas. “Nosotros definimos, dado los agotados recursos con que contamos, primero, tal como decía la Seremi de Bienes Nacionales, poder abordar inmediatamente las ocupaciones incipientes. Esto es cuando la gente llega a las demarcaciones o llega con los primeros materiales de construcción, para poder evitar nuevas tomas de terreno. También recordemos que, con la Ley de Usurpación, que considera actuar en el contexto de la flagrancia dentro de las 12 primeras horas en que se está produciendo este tema, tenemos una coordinación, una fuerza de tarea, donde ahora están incluidos también la Seremi de Seguridad Pública”.
La Delegada Presidencial, abordó que este es un trabajo prioritario a nivel regional, y se seguirá trabajando según la priorización que permita garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas, y en coordinación con las investigaciones en curso. “Hay que destacar que Carabineros ha hecho todas las rondas posibles para verificar que justamente ya no haya ocupación de otras personas, no tenemos hasta el momento constatación de ninguna denuncia que implique venta de terrenos en ese lugar (Coviefi), que hemos tenido en otros lugares y hemos denunciado oportunamente a Fiscalía, estos temas, incluidas pruebas, pero en este caso no se ha dado, se ha informado a los vecinos, se ha informado a la comunidad, se ha informado a los parlamentarios y parlamentaria, de las acciones que se están tomando. Y básicamente como decía la Seremi de Bienes Nacionales, nosotros tenemos que focalizar el tema de los desalojos, por recursos y por importancia, por ejemplo, el tema de el Plan de Emergencia Habitacional y también tenemos el problema muy grave que se nos da en las tomas que son industriales”.
Respecto a los sectores identificados desde la Seremi de Bienes Nacionales, éstos se encuentran en el sector centro alto de la ciudad y en el sector norte, los cuales presentan una mayor densidad. “Como Ministerio y por supuesto, también como Secretaría Regional, nosotros tenemos un plan de fiscalización anual, respecto de todas las tenencias ilegales y también las denuncias que se hacen de forma diaria, ya sea a los diferentes servicios, como también de forma directa a nosotros, en virtud de este plan de fiscalización, tenemos también un programa de desalojos, que está estrictamente relacionado también con los recursos que se nos otorgan a través de nuestro Ministerio a nivel central, que, vale la pena decir también, que son recursos acotados y son a nivel regional”, explicó la Seremi de Bienes Nacionales, Pía Silva Díaz.
En cuanto al procedimiento, explicó que los terrenos identificados de Bienes Nacionales se solicitan el desalojo administrativo a la Delegación Presidencial Regional, quien autoriza y coordina la presencia policial para los casos que sea necesario, y el procedimiento de desalojo se concreta administrando los recursos para ello. “Lo que hemos hecho es hacer una priorización, porque teniendo presente los recursos acotados en la región, que nos estamos enfocando principalmente como política ministerial a las tenencias ilegales incipientes, ya sea, que nosotros mismos advertimos, dentro de nuestro plan de fiscalización, como aquellas denuncias que llegan a través de la ciudadanía, ya sea a otros servicios, como decía y a través de nuestros portales de Internet y las plataformas”.
La Seremi añadió que “creo que lo que podemos advertir es la consolidación de las tomas que ya estaban y las incipiencias son las que nosotros estamos parando y conforme a los antecedentes que nosotros llevamos adelante de forma técnica, nosotros creemos que hemos suspendido un poco el alza, no hay un alza, se mantiene ahí y es lo que nosotros estamos trabajando como política de evitar las tenencias incipientes a través del estado de flagrancia en los delitos que están escritos en la Ley 21.633”.
En materia de seguridad, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, fue enfático en precisar que “cada una de las denuncias que recibimos, adoptamos las medidas pertinentes en materia de seguridad pública, cuyo objetivo es conservar el orden y la seguridad en el territorio. Estas medidas suelen implicar la fiscalización por parte de Carabineros y otros servicios públicos con competencia en la materia. Cuando se trata de hechos recientes o que están ocurriendo en el momento, se adoptan medidas policiales inmediatas. Estas incluyen impedir la toma de terrenos, realizar desalojos y evitar que se consoliden ocupaciones ilegales, como ha ocurrido recientemente cerca de la planta Desaladora. En ese caso, tal como lo planteó la Seremi de Bienes Nacionales, se actuó dentro de las 24 horas para evitar la consolidación de la toma”.
Por su parte, el Coronel Héctor Cabrera Catalán, Prefecto de Carabineros de Antofagasta, aclaró que “no existen lugares o tomas acá en Antofagasta, en los cuales no ingrese personal de Carabineros, eso la verdad, que en más de una oportunidad se ha señalado y eso no es correcto. Nosotros semanalmente estamos ingresando a distintas tomas acá en la región de Antofagasta, en coordinación con la Policía de Investigaciones de Chile, realizando operativos nocturnos y podemos señalar y reiterar, que no existe alguna toma en la cual nosotros no ingresemos y no existe tampoco la presencia del Estado en esos lugares”.
Asimismo, la Seremi de Gobierno, Paulina Larrondo Vildósola, afirmó que “para nosotros sí es una prioridad y se demuestra porque también tenemos una coordinación institucional que ha sido efectiva. Acá no se trata únicamente de Bienes Nacionales, sino que una coordinación con las distintas instituciones que tienen algún nivel de competencia en esto. Recordemos que fue este Gobierno quien sacó adelante la Ley de Usurpación, que es algo que antes no teníamos y que permite precisamente impedir que estas ocupaciones irregulares vayan en aumento”.
Situación de los vecinos de la Coviefi
“En cuanto al caso específico del sector de la Coviefi, primero aclarar –precisó la Seremi de Bienes Nacionales – que no está considerado dentro de la Coviefi, sino que dentro de Jardines del Sur. Segundo, Bienes Nacionales durante este año ha llevado a cabo dos fiscalizaciones, una en el mes de febrero de este año y el 5 de agosto también, en virtud de las denuncias que estaban circulando por internet. Nosotros logramos constatar efectivamente la tenencia ilegal de un ciudadano que lleva aproximadamente 12 años tratando de regularizar su tenencia por nosotros. Por diferentes circunstancias, técnicas y administrativa, no se ha logrado perfeccionar de forma favorable este expediente de regularización con alguna asignación nuestra”.
En este mismo punto, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy De La Fuente, planteó que en el caso de Llullaillaco se generó una denuncia por parte de un particular ante la Fiscalía Local, la cual dispuso medidas de protección policial debido a amenazas que ponían en riesgo la integridad física y la vida de una persona. Carabineros actuó en cumplimiento de esa resolución, bajo instrucción directa de la Fiscalía.
“Además, cuando tomamos conocimiento de situaciones que podrían alterar el orden público o afectar la seguridad, adoptamos las medidas correspondientes en cada caso. Esto incluye disponer presencia policial preventiva en los lugares afectados. En cada situación de control y fiscalización, se ha verificado que no existan nuevas tomas, y que las denuncias se refieran efectivamente a ocupaciones ya existentes. Cabe destacar que en redes sociales han circulado fotografías que no corresponden a los lugares denunciados, lo que ha generado información errónea y alarmas infundadas. Por ello, hemos puesto especial atención en investigar y establecer con precisión lo que realmente ocurre, adoptando las medidas necesarias y comunicando oportunamente a los diputados que han realizado las denuncias, como el diputado Videla y la diputada Yovana Ahumada”, puntualizó la autoridad.
“Queremos asegurar a la ciudadanía que en todos los campamentos y situaciones denunciadas se han dispuesto los procedimientos pertinentes. No hay ningún lugar donde no exista presencia policial cuando se requiere, de acuerdo con la priorización que hacemos según la urgencia y necesidad de cada caso. No es posible mantener presencia permanente en todos los lugares, debido a la dotación limitada de personal en la región, pero hacemos el mejor uso de los recursos disponibles”, aseguró Cortés-Monroy De La Fuente.
En tanto, el Prefecto de Carabineros, Héctor Cabrera Catalán, agregó que “el trabajo realizado por Carabineros está directamente coordinado con la Delegación Presidencial y con la Seremi de Seguridad Pública y en este caso particularmente también con la Seremi de Bienes Nacionales. Existe una normativa vigente, en la cual nos permite hoy día, conforme a la Ley de Usurpaciones, actuar por flagrancia, es decir, si alguna toma incipiente, nosotros la detectamos, recibimos alguna denuncia, ya sea por alguna autoridad o por otro medio en la cual nosotros establecemos que esas personas se están instalando, existe esa figura de la flagrancia, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad también de detener a esas personas que están ahí, lo cual ha ocurrido en más de alguna oportunidad”.