Las ramificaciones que ha provocado el caso Democracia Viva continúan incrementándose con el paso de los días y con el conocimiento de mayor información que involucra a otras fundaciones en el resto del país. En la región de Antofagasta se siguen generando dudas en torno al alcance que tienen estos convenios, sobre todo al analizar el marco general en que se otorgaron fondos por parte del Minvu.
Según información registrada en el informe de la glosa 06 que el Ministerio de Vivienda informó a la comisión del Senado, el presupuesto total de asentamientos precarios percibido a nivel nacional para el 2022 fue de $31.479.352.787. Este monto se divide en recursos orientados a convenios con instituciones públicas y otros a acuerdos con fundaciones y organizaciones sociales. A la primera categoría (municipios, delegaciones presidenciales, instituciones públicas)se destinaron $20.133.399.150, mientras que a la segunda (organizaciones no gubernamentales y fundaciones) fueron transferidos $11.293.953.638.
En esta área, donde ha tenido lugar la controversia con las instituciones cuestionadas, resalta la cantidad total dada a la segunda región. Se trata de $5.216.655.556 que fueron otorgados a diez fundaciones bajo convenios que tenían como eventual fin la realización de trabajos de habitabilidad primaria en campamentos. Está cifra además equivale al 46% del presupuesto nacional orientado a este tipo de organizaciones.
El hecho de que Antofagasta recibiera casi la mitad de los recursos dispuestos por el Minvu en esta categoría llama particularmente la atención, considerando que no es la región con más campamentos en Chile (ocupa el tercer lugar según el último catastro en la materia realizado por Techo) y llama también a cuestionar la forma en la cual los dineros fueron distribuidos a lo largo del país.
La cifra además evidencia un alza del 288% respecto al año 2021, cuando el presupuesto de Minvu Antofagasta para el programa de asentamientos precarios llegó a la cifra de $1.344.919.929.
Fuente: Soy Antofagasta
